sábado, 28 de mayo de 2011

México: Imperialismo, Banqueros, Guerras contra las Drogas y Genocidio

 James Petras

Mucho se ha escrito sobre la guerra contra las drogas en México y sobre su “casa de los horrores”, de los esfuerzos del gobierno mexicano respaldado por Washington para combatir la batalla bestial entre los cárteles rivales del narco por el control de este lucrativo negocio. Pero como James Petras revela claramente, nadie está seriamente interesado en erradicar el problema. Baste con decir que en épocas de profundas crisis, la supervivencia misma del sistema financiero de Estados Unidos –y, a través de él, la del sistema bancario mundial- está íntimamente ligado a la liquidez que genera la “industria de la droga”.

En mayo de 2011 investigadores mexicanos descubrieron otra fosa común clandestina con docenas de cadáveres mutilados, elevándose el número total de víctimas a 40,000 muertos desde que en 2006 el régimen de Calderón anunció su “guerra contra el narcotráfico”. Apoyándose en asesores, agentes y armamento, la Casa Blanca ha sido el promotor principal de una “guerra” que ha diezmado completamente la sociedad y la economía mexicanas.

Si Washington ha sido el motor fundamental de la guerra del régimen, los bancos de Wall Street han sido los principales instrumentos para asegurar las utilidades de los cárteles del narco. Cada banco importante de los Estados Unidos ha estado decisivamente implicado en el lavado de cientos de miles de millones de dólares en utilidades de la droga, durante la mayor parte de los últimos diez años.

El descenso de México a este infierno ha sido maquinado por las instituciones financieras y políticas dirigentes de Estados Unidos, cada cual apoyando “uno u otro lado” en la sangrienta “guerra total” que no perdona a nadie sin respetar lugares ni momentos. Mientras que el Pentágono arma al gobierno mexicano y la Agencia de Combate a las Drogas estadounidense (DEA) pone en vigor “la solución militar”, los mayores bancos de E.U. reciben, lavan y transfieren billones de dólares** a las cuentas de los señores del narco, que entonces adquieren

El Descenso de México al Infierno

Todos los días, veintenas, si es que no cientos de cadáveres, aparecen en las calles y/o son hallados en fosas comunes; mueren docenas asesinados en sus hogares, vehículos, transportes públicos, oficinas y aun hospitales. Centenares de víctimas conocidas y desconocidas son secuestradas y “desaparecidas”; niños en edad escolar, padres, maestros, médicos y hombres y mujeres de negocios son “levantados” a plena luz del día y se pide rescate por ellos o se les asesina como represalia. A miles de trabajadores migrantes se les secuestra, roba, se exige rescate por ellos, se les asesina y ya hay pruebas de que a algunos se les vende para el tráfico ilegal de órganos. Las policías se atrincheran en sus comisarías; los militares, si es que llegan, desahogan su frustración contra ciudades enteras, matando a más civiles que a soldados de los cárteles. Cada día la vida gira en torno a no engrosar la lista diaria de muertes; las amenazas acechan por doquier, las bandas armadas y patrullas de soldados disparan y asesinan con verdadera impunidad. La población vive entre el miedo y la ira.

El Tratado de Libre Comercio: Las Chispas que Originaron el Infierno.

A finales de los 1980s, México estaba en crisis, pero el pueblo escogió una salida legal: eligieron a un Presidente, Cuauhtémoc Cárdenas, basándose en su programa nacional para promover la revitalización económica de la agro y la industria. La élite mexicana, dirigida por Carlos Salinas, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), tomó otra decisión y subvirtió la elección, negando su victoria al electorado. Las protestas pacíficas masivas fueron ignoradas. Salinas y los siguientes presidentes mexicanos buscaron vigorosamente aplicar un tratado de libre comercio con Estados Unidos y Canadá, el TLCAN, el cual no tardó en llevar a la quiebra a millones de agricultores, rancheros y pequeños empresarios mexicanos. La devastación produjo la huida de millones, ahora como trabajadores migrantes. Los movimientos de deudores rurales florecieron y decayeron, fueron cooptados o reprimidos. La miseria de la economía legal contrastaba con la escandalosa riqueza de los traficantes de droga y de seres humanos, que generó una demanda creciente de auxiliares bien pagados como soldados de los cárteles. Los gángsters regionales del narco y su gente emergieron de la prosperidad local.

En el nuevo milenio surgieron movimientos populares y una nueva esperanza electoral: Andrés Manuel López Obrador (AMLO). Para 2006 un movimiento electoral pacífico y de vastas proporciones prometía reformas socioeconómicas substanciales para “integrar a millones de jóvenes resentidos”. En la economía paralela, los cárteles del narco se expandían y beneficiaban de la miseria de millones de obreros y campesinos marginados por la oligarquía mexicana, que se dedicaba a saquear el erario, a la especulación inmobiliaria, robar a la industria petrolera y crear enormes monopolios privatizados en los sectores de la comunicación y la banca.

En 2006 millones de votantes mexicanos vieron nuevamente frustrada su victoria electoral: se derrumbó la última mejor esperanza de una transformación pacífica. Respaldado por el gobierno de Estados Unidos, Felipe Calderón se robó la elección y procedió a lanzar la estrategia de la “Guerra contra el Narcotráfico” que le estaba dictando Washington.


La Estrategia Militar Ocasiona el Escalamiento de la Guerra contra las Drogas: Las Crisis de la Banca Ahonda los Lazos con los Narcotraficantes

La escalada masiva en el número de homicidios y en la violencia en México comenzó con la declaración de una guerra a los cárteles del narcotráfico por Felipe Calderón, presidente por fraude electoral, siguiendo una política promovida inicialmente por la administración Bush y hoy sólidamente respaldada por el régimen Obama-Clinton. Más de 40,000 soldados mexicanos llenaron las calles, pueblos y barrios, asaltando con violencia a los ciudadanos, especialmente a los jóvenes. Los cárteles respondieron incrementando sus ataques armados a las policías. La guerra se extendió a todas las ciudades principales y a lo largo de grandes carreteras y de caminos rurales; los asesinatos se multiplicaron y México se sumió todavía más en un infierno dantesco. Entre tanto, el régimen de Obama “refrendó” su apoyo a una solución militar a ambos lados de la frontera: más de 500,000 inmigrantes mexicanos fueron detenidos y expulsados de Estados Unidos y se multiplicaron las patrullas fronterizas fuertemente armadas. Las ventas transfronterizas de armas aumentaron exponencialmente. El “mercado” estadounidense de productos agrícolas y artículos mexicanos se encogió, ampliando todavía más la reserva de reclutas para los cárteles mientras se elevaba la oferta de armas de alto poder. Las políticas sobre drogas y armas de la Casa Blanca fortalecieron ambos bandos en el siguiente ciclo asesino maníaco: El gobierno de E.U. armó al régimen de Calderón y los fabricantes de armas norteamericanos vendieron armas a los cárteles en ventas tanto legales como clandestinas. La demanda de drogas en Estados Unidos ya sea estable o en aumento, y las ganancias casi obscenas derivadas del tráfico y de las ventas, siguieron siendo los factores primarios para impulsar la brutal oleada de violencia y desintegración social en México.

Las ganancias de las drogas, en su sentido más básico, están aseguradas a través de la capacidad de los cárteles para lavar y transferir miles de millones de dólares a través del sistema bancario estadounidense. La escala y el alcance de la alianza entre la banca de Estados Unidos y los cárteles del narcotráfico sobrepasan cualquier otra actividad económica del sistema bancario privado de ese país. De acuerdo con registros del Departamento de Justicia de E.U., un solo banco, el Wachovia Bank (ahora propiedad de Wells Fargo) lavó $378,300 millones de dólares entre el 1° de mayo de 2004 y el 31 de mayo de 2007 (The Guardian, 11 de mayo de 2011). Todos los grandes bancos en Estados Unidos han actuado como socios financieros activos de los sanguinarios cárteles del narco, entre ellos el Bank of America, Citibank y JP Morgan, y bancos extranjeros con oficinas en Nueva York, Miami y Los Ángeles, así como en Londres.

Mientras la Casa Blanca paga al estado y al ejército mexicanos para matar a mexicanos sospechosos de narcotráfico, el Departamento de Justicia estadounidense impone una multa relativamente tibia a Wachovia Bank, principal cómplice financiero de este sanguinario negocio, exime a sus funcionarios de cualquier tiempo en prisión y permite que casos trascendentes prescriban.

La principal agencia del U.S. Treasury (equivalente a la Secretaría de Hacienda de Estados Unidos) designada para investigar el lavado de dinero, la Subsecretaría de Inteligencia Financiera y de Combate al Terrorismo, ignoró deliberadamente la colaboración flagrante entre los bancos estadounidenses y los narcoterroristas, concentrando casi todos sus recursos y personal en imponer y hacer cumplir sanciones contra Irán. Durante siete años, el Subsecretario de Hacienda Stuart Levey aprovechó su autoridad como titular de esa agencia de Inteligencia Financiera y de Combate al Terrorismo para apoyar la falsa “guerra al terrorismo” de Israel contra Irán, en lugar de cerrar las operaciones de lavado de dinero de Wachovia Bank con los narcoterroristas mexicanos. En este tiempo, se estima que tanto los cárteles como el ejército han asesinado 40,000 civiles mexicanos.

Sin el armamento y servicios financieros estadounidenses que apoyan tanto a ilegítimos regímenes mexicanos como los cárteles del narco, no podría existir ninguna “guerra contra las drogas”, no habría masacres ni terrorismo de Estado. Los simples actos de dejar de inundar a México con productos agrícolas de E.U., baratos precisamente por estar subsidiados; y descriminalizar el uso y la compra de cocaína dentro de Estados Unidos, eliminaría la reserva de soldados para los cárteles formada por tanto campesino mexicano arruinado y cortaría drásticamente las ganancias y la demanda de drogas ilegales del mercado estadounidense.



Los Narcotraficantes, Los Bancos y la Casa Blanca

Si los principales bancos de Estados Unidos integran la maquinaria financiera que permite operar a los imperios multimillonarios de las drogas, La Casa Blanca, el Congreso Estadounidense y las fuerzas de seguridad (las diferentes agencias policíacas) son los protectores fundamentales de esos bancos. Pese al profundo involucramiento, a todos los niveles, de los bancos importantes en el lavado de billones de dólares* en fondos ilícitos, los “arreglos judiciales” perseguidos por los fiscales estadounidenses no llevaron a prisión a ningún banquero. Un convenio judicial consistió en una multa de 50 millones de dólares, menos del 0.5% de las ganancias de $12,300 millones de dólares de uno solo de estos bancos (el Wachovia/Wells Fargo) en 2009 (The Guardian, 11 de mayo de 2011). Pese a la muerte de decenas de miles de civiles mexicanos, el Poder Ejecutivo de Estados Unidos instruyó a la DEA y a los fiscales y jueces federales que impusieran ese “castigo” irrisorio a Wachovia por sus servicios ilegales a los cárteles del narcotráfico. Los funcionarios más destacados de la economía de los regímenes Bush y Obama, del tamaño de Summers, Paulson, Geithner, Greenspan, Bernanke y otros, son, todos, y desde hace largo tiempo, socios, asesores y miembros de los bancos y negocios financieros más prominentes implicados en lavar los miles de millones de las utilidades que producen las drogas.

Lavar dinero del narcotráfico es uno de los negocios más lucrativos de Wall Street; los bancos cargan elevadas comisiones por la transferencia de estas ganancias ilícitas, que entonces prestan a instituciones de crédito a tasas de interés muy por encima de lo que –si acaso- pagan a los narcotraficantes que depositaron los fondos. Bañados (literalmente) en estas ganancias “higienizadas”, estos colosos del mundo financiero de Estados Unidos pueden comprar fácilmente a sus propios funcionarios de elección popular para que les ayuden a perpetuar el sistema.

Todavía más relevante, y menos obvio, es el papel del dinero del narcotráfico en la última recesión financiera, sobre todo durante sus semanas primeras y más críticas.

De acuerdo con Antonio María Costa, Director de la Oficina de las Naciones Unidas sobre Drogas y Crimen, “En muchos casos, el dinero del narcotráfico (era) en el momento el único capital de inversión líquido… En la segunda mitad de 2008, la liquidez fue el principal problema del sistema bancario y por ende el capital líquido se volvió un factor importante… Los préstamos entre bancos provenían de fondos generados por el narcotráfico y otras actividades ilegales… (hubo)
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Conclusión

Hacia el final de la primera década del siglo veintiuno, se hizo claro que la acumulación de capital, por lo menso en América del Norte, está íntimamente ligado con el narcotráfico y con la violencia generalizada. Como la acumulación de capital depende del capital financiero, y este último depende de las utilidades del negocio multibillonario del narcotráfico, todo el andamiaje descansa en la “guerra total” por las ganancias del tráfico de drogas. En tiempos de profundas crisis la sobrevivencia misma del sistema financiero estadounidense --y a través de él, el sistema bancario del mundo entero—es inseparable de la liquidez de la “industria” de la droga.

En el nivel más superficial, la destrucción de las sociedades mexicana y centroamericanas –que abarcan más de 100 millones de seres humanos—es resultado de un conflicto entre cárteles del tráfico de drogas y los regímenes políticos de la región. A nivel subterráneo, lo que en verdad ocurre es un efecto multiplicador, de onda expansiva o de dominó relacionado con la colaboración de cada uno: los cárteles cuentan con el apoyo de los bancos de Estados Unidos para “realizar” sus ganancias; gastan cientos de millones de dólares en la industria del armamento estadounidense y otras para asegurar sus suministros, medios de transporte y mercados; emplean a decenas de miles de reclutas en sus vastos ejércitos privados y redes civiles y compran la obediencia de funcionarios políticos y militares en las dos franjas fronterizas.

Por su parte, el gobierno mexicano actúa como el conducto por donde pasan la Policía Federal y el Pentágono estadounidense, la Secretaría de Seguridad interior de E.U., y los aparatos políticos y judiciales antidrogas que llevan a cabo la “guerra”, poniendo así en riesgo las vidas, propiedades y seguridad de los mexicanos. La Casa Blanca se ubica en el centro estratégico de operaciones. El régimen mexicano provee los ejecutores de primera línea de tales operaciones.

De un lado de la “guerra contra las drogas” están los principales bancos de Wall Street; del otro, la Casa Blanca y sus estrategas militares imperiales y “en medio”, existen 90 millones de mexicanos y 40,000 víctimas de asesinato, y contando.

Al recurrir al fraude político para imponer la desregulación económica durante los 1990s (= neoliberalismo), las políticas estadounidenses desembocaron directamente en la desintegración social, criminalización y militarización de la década actual. La sofisticada economía narcofinanciera se ha convertido ahora en la etapa más avanzada del neoliberalismo. Cuando los respetables se vuelven criminales, los criminales se vuelven respetables.

El Imperio, sus cínicos mandatarios y “conocedores” banqueros, son los autores de la situación de genocidio en México.


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*Sociólogo estadounidense graduado en la Universidad de Berkeley, donde en los 1960s, donde fue líder estudiantil y militante por los derechos humanos. Doctorado en Filosofía en la Univ. De California. Fue miembro del Tribunal Russel sobre la represión en América Latina. Actualmente es profesor emérito de Sociología en la Universidad de Nueva York en Binghamton.

**(son efectivamente billones, es decir, millones de millones de dólares. N. de la T.)
armamento moderno, pagan ejércitos privados de sicarios y corrompen números sin cuento de funcionarios políticos, policíacos y judiciales a ambos lados de la frontera.


*De nuevo, efectivamente millones de millones de dólares de los E.U.A. (N. de la T.)
indicios de que algunos bancos fueron rescatados de esa forma.” (Reuters, 25 de enero de 2009, edición estadounidense). Los flujos de capital de los narcotraficantes multimillonarios fueron la pieza clave para sacar a flote a Wachovia y a otros bancos principales. En una palabra, ¡los narcos multimillonarios salvaron del desplome al sistema financiero capitalista!



Artículos relacionados:
  • La Alianza para la Seguridad y la Prosperidad: el TLCAN Militarizado (Security and Prosperity Partnership: Militarized NAFTA, por Stephen Lendman, Laura Carlsen y Constance Fogal, Voltaire Network, 27 de marzo de 2010.
  • La Desestabilización de México (Destabilizing Mexico, por Richard Skaff, Voltaire Network, 17 de marzo de 2009.

viernes, 6 de mayo de 2011

Violencia Institucional: 2012, el despertar

Gerardo Fernández Casanova

“Que el fraude electoral jamás se olvide.
Ni tampoco los miles de muertos inocentes”

El grado de descomposición que registra la sociedad mexicana muestra los síntomas de una enfermedad terminal. La disyuntiva es clara: o cual Ave Fénix renace de sus cenizas, o se verá cancelada su vigencia en cuanto que nación independiente y soberana. Desde distintos ángulos se manifiesta el hartazgo respecto del estado de las cosas; la protesta toma cuerpo y se expresa de muchas maneras, abarcando a casi todos los sectores sociales. El clamor trasciende las fronteras y en el mundo entero se muestran expresiones de solidaridad con los movimientos locales. 
Al reclamo social el régimen responde con la amenaza de una mayor militarización para reprimirlo. Está en ciernes una Ley de Seguridad Nacional que, de aprobarse, instauraría el régimen militar con la figura de un presidente civil. Un autogolpe de estado, al estilo de Fujimori en Perú o de Bordaberri en Uruguay. El proceso legislativo que ha seguido el proyecto habla de su tortuosidad: La iniciativa enviada por Calderón al Senado es modificada y aprobada, por consenso, con la eliminación de los artículos que facultarían al Ejecutivo para decretar el estado de sitio sin requerir la autorización del Congreso cuando, a su criterio, se presentase alguna amenaza a la seguridad interior por alteraciones del orden público, sea por movimientos sociales de carácter electoral, laboral o de casi cualquier otra índole.
El proyecto de ley corregido se envió a la Cámara de Diputados para su revisión y, en su caso, aprobación. Es en esta instancia que, mediante una muy oscura negociación, la bancada del PRI de corte señaladamente peñanietista impulsa una nueva modificación que restablece los artículos que los senadores habían eliminado, con la intención adicional de someterlos a votación del pleno por la vía rápida con los votos del PRI y el PAN, atropellando el reglamento legislativo. Huele a diputados maiceados por Televisa a través de la bolsa electorera de Peña Nieto. El asunto amenaza en convertirse en un nuevo detonador de la protesta nacional. Tal engendro no puede pasar.
Por hoy no voy a abundar más. Prefiero acudir a la imagen del artista gráfico. Adolfo Mexiac –un alma joven envuelta en recio cuero de ochenta años- es el autor del mundialmente célebre grabado Libertad de Expresión, aquel que muestra el rostro de un hombre con la boca encadenada y la expresión de la impotencia en la mirada, que fue adoptado como símbolo de los movimientos juveniles de 1968 en el mundo. De su buril –formado en el legendario Taller de la Gráfica Popular- crea el grabado Amanecer, que retrata, con la aguda percepción del artista comprometido, el ánimo del pueblo mexicano de estos días. Un hombre en actitud de incorporarse, con el machete a media altura, sea como instrumento de trabajo para beneficiar la tierra, o como arma para defenderla junto con la vida. La imagen dice más que mil palabras.


Acción Sobre Vacío

Compartimos con todos el siguiente proyecto, Acción Sobre Vacío, derivado de la base de incidentes violentos ocurridos en México .

La idea es unir esfuerzos para recordarle a la sociedad civil y de paso al gobierno, que el número de victimas que ha cobrado la violencia en el país es más que un número, son personas, son hombres,mujeres, adolescentes, niños, ancianos, familias enterasLa propuesta es enviar por cada desaparecido una carta desaparecida, un sobre vacío, a los Pinos. 

Violencia Institucional: El peligro sigue

Tomás Oropeza Berumen

La amenaza de las reformas estructurales sigue pendiendo sobre la cabeza del pueblo mexicano. No se ha conjurado el peligro de que sean aprobadas.

Por ahora eso depende de la conveniencia de los partidos políticos y sus legisladores. De los cálculos que habrán de tomar de cara a las elecciones de julio en el Estado de México y las federales del 2012 en las que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) se considera como el más probable triunfador dada la debacle del régimen de facto del Partido Acción Nacional y los bandazos del Partido de la Revolución Democrática.

Por el momento la coyuntura preelectoral ha inhibido a la facción de politicastros del PRI que hasta hace unos días estaba decidida a “pagar los costos políticos” de aprobar las anticonstitucionales reformas laboral y de Seguridad Nacional promovidas por los diputados vinculados al gobernador del estado de México, aspirante presidencial del grupo Atlacomulco Enrique Peña Nieto, para hacer trizas las conquistas obreras y entregar el poder al ejército mexicano e imponer un régimen cívico - castrense en el país.

El PRI se dividió ante la amenaza del voto de castigo en las urnas donde los trabajadores podrían desquitarse dando sus votos al economista Alejando Encinas, candidato de los partidos del Trabajo (PT), Convergencia y de la Revolución Democrática (PRD) -luego de que se deshizo la alianza que el presidente nacional del sol azteca fraguara con Felipe Calderón.

Las dos reformas aludidas largamente esperadas por el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y el gran capital no se han descartado gracias a la movilización popular sino solo están suspendidas por consideraciones tácticas de los priístas, quienes se dividieron a la hora de asestar la puñalada contra la clase trabajadora y el país.

Los senadores priistas Francisco Labastida y Manlio Fabio Beltrones menos torpes que el grupo de diputados de Peña Nieto anunciaron que no dejarían pasar en el Senado las reformas en el Senado y eso detuvo la puñalada trapera contra el pueblo mexicano.

En el caso de la reforma laboral los diputados anunciaron que llevarán a cabo una consulta para decidir su destino, sin que quede claro a quienes se consultaría, de cuanto sería la muestra, etc. Y en cuanto a los cambios a la Ley de Seguridad, no hay que descartar que estos se aprueben en alguno de los dos periodos de sesiones que quedan por realizarse en lo que resta del año.

La gran cantidad de críticas a ambos proyectos desde la izquierda socialdemócrata y las débiles protestas del sindicalismo neocharro jugaron su papel, pero no contribuyen a crear una fuerza política independiente y opuesta al capital con capacidad para protagonizar un movimiento nacional de protesta que modifique la correlación de fuerzas.

La reforma laboral que pretenden llevar a cabo la alianza PRI-PAN además de promover la subcontratación (outsorcing), la inestabilidad laboral, disminuir los salarios y precarizar –aún más el empleo- está encaminada a destruir los sindicatos y los contratos colectivos de trabajo (CCT) y con ello la base social de ese sector de la clase política, por lo cual se explica que el “sector obrero” del PRI se halla rebelado este primero de mayo contra la línea de Peña Nieto quien por lo que se está comenzando a observar podría dejar de ser el candidato priísta, dado que al interior de ese partido mafioso las contradicciones están al rojo vivo.

Por su lado el sindicalismo “independiente” y sus líderes, muchos de ellos con varias décadas en las dirigencias sindicales, como Francisco Hernández Juárez del sindicato de Teléfonos de México; Agustín Rodríguez Fuentes, del Stunam, etc. también se oponen a la reforma por razones similares. Pues los sindicatos les han servido como plataforma para llegar a cargos de elección popular y encaramarse en la clase política mexicana.

Los trabajadores desde luego que tienen muchas razones para rechazar la reforma laboral.
Saben que de aprobarse sufrirán una mayor explotación y dificultades infinitas para defenderse.

Dado el escándalo que produjo durante las últimas semanas el tema de la reforma a la Ley de Seguridad Nacional, este tema opacó al anterior pero no se encuentra desligado del mismo, pues lo que está en el fondo es una política para imponer un mayor control policiaco – militar y explotación capitalista sobre el pueblo mexicano.

Es necesario oponerse enérgicamente a la pretensión de Felipe Calderón de, mediante una burda violación a la Constitución Mexicana, adquirir la facultad para declarar el estado de excepción nacional o regional arbitrariamente.

Igualmente no debemos permitir que el ejército logre la aprobación de un marco legal que le permita realizar detenciones arbitrarias, catear domicilios, realizar espionaje y detenciones, tomar la justicia en sus manos. Ello nos llevaría a un retroceso sin parangón en la historia del país. Un escenario peor que el de la guerra sucia de los setenta. Sólo comparable con lo ocurrido hace décadas en países sudamericanos.

Si bien en la capital mexicana los trabajadores tanto del sindicalismo corporativo del PRI como de la Unión Nacional de Trabajadores y sindicatos combativos como el electricistas (SME) y muchos otros llevaron a cabo dos grandes manifestaciones contra la reforma laboral y la estrategia gubernamental de combate al narco, la realidad es que la clase trabajadora sigue actuando puramente a la defensiva.

En otras partes del país, como en el estado norteño de Chihuahua, uno de los más golpeados por la violencia del narco y el ejército, la clase obrera esta tan inerme y carente de organizacion de clase que el reciente 1° de mayo, la marcha conmemorativa fue encabezada por el gobernador priista César Duarte y la policía municipal. Despojando a decenas de miles de obreras y obreros de las maquilas del derecho a expresar su descontento y levantar sus reivindicaciones de clase en esa entidad militarizada donde la población repudia la presencia de los federales.

Testimonio Violencia Institucional: Volante de estudiantes de la UNAM convocando a la marcha nacional por la paz con justicia y dignidad

Cumpliendo con nuestro compromiso de dar foro a voces contra la violencia institucional difundimos la siguiente carta. Pueden encontrar su versión volante aquí.

miércoles 4 de mayo de 2011

En la UNAM también estamos hasta la madre

El narco y el gobierno, están convirtiendo nuestro país en un inmenso cementerio. Cada vez hay más fosas clandestinas, contamos ya con 40 mil asesinados, mil 226 niños entre ellos, cientos de desaparecidos, miles de familias destruidas, desplazamientos masivos, cientos de viudas y huerfanos, y quién sabe cuánto más tengamos que aguantar en medio de esta supuesta guerra contra el narcotráfico. Los de abajo ponemos los muertos y derramamos la sangre, mientras los de arriba, tanto grandes capos como los señores del gobierno, se benefician de diversas formas de la situación, aunque realmente las grandes ganancias del lavado de dinero y de la venta de armas, van directamente al otro lado de la frontera.

La “guerra contra el narco” no ha debilitado a los grupos criminales, por el contrario, los ha fortalecido. No hay iniciativas que limite, por ejemplo, su poder económico. Ahora mismo los grupos criminales dominan municipios enteros, controlan cuerpos policiacos y militares, hacen política abiertamente, aterrorizan y extorsionan más que nunca. Los pocos capos detenidos o asesinados, encuentran rápidamente su relevo en las estructuras criminales. En cambio, para el pueblo esta supuesta guerra sí ha significado un ataque brutal: cada vez más madres lloran la pérdida de sus hijos, cada vez más pequeños propietarios son despojados de sus pertenencias, cada vez más trabajadores son extorsionados y amenazados, cada vez más migrantes son secuestrados, robados, asesinados y arrojados a fosas clandestinas, y cada vez más jóvenes sin empleo ni educación son absorbidos por los cárteles de la droga para ser usados de carne de cañón, en una batalla que no extermina al narco, sino que militariza, despoja y envilece nuestra nación.

Llevamos más de 30 años de un neoliberalismo salvaje, con un sistemático desmantelamiento de la protección social y el despojo de un sin número de empresas públicas, recursos nacionales y conquistas laborales. Se ha generado tanta competencia e individualismo, que las formas comunitarias de solidaridad están hoy muy debilitadas entre nuestra población. Todo ello ha significado un caldo de cultivo para la violencia, un escenario propicio para el florecimiento de todo tipo de grupos criminales, de extorsionadores y asesinos. Por lo tanto, combatir a la delincuencia sólo es posible si se lucha por un mundo mejor, que es posible y necesario.

Quien quiera saber los objetivos de esta guerra, que mire primero las consecuencias: cada vez mayor injerencia de Estados Unidos en nuestra vida nacional, una militarización en ascenso, persecución y muerte, principalmente contra defensores de derechos humanos y luchadores sociales en general, y un incremento de la violencia de los cárteles de la droga.

Aunque momentáneamente haya sido detenida, pretende ser aprobada la iniciativa de Ley de Seguridad Nacional, que no es más que el establecimiento de un gobierno militar pues, como se denuncia en la Jornada del 26 de abril, “concede al Presidente de la República la atribución de sofocar con el Ejército movimientos sociales, políticos, laborales y electorales, y decretar el estado de excepción en entidades o regiones del país”. ¿Contra quién va esta ley, contra el narco o contra el pueblo organizado? ¿Están dispuestos a poner a los militares por delante para gobernar? Si esa iniciativa pasa, ya podemos ver qué sigue: vendrán en aplanadora con la reforma laboral y fiscal, la privatización energética (petróleo, gas y electricidad), y todo aquello que puedan arrebatarnos.

Por ello, el llamado de Javier Sicilia a la movilización nacional que culmina el 8 de mayo con una marcha de CU al Zócalo adquiere especial significación. Es una oportunidad para decir ¡basta! ¡Basta de asesinatos! ¡Ni un muerto más! ¡Estamos hasta la madre de los gobierno corruptos! ¡Hasta la madre de los cárteles de la droga! ¡Hartos del desempleo, la pobreza y la desigualdad, caldo de cultivo de la violencia y la descomposición social!

Una oportunidad para exigir fin a la violencia de las extorsiones y los asesinatos, y fin también a la violencia del saqueo, el analfabetismo, el trabajo infantil, la desnutrición, el rechazo a los jóvenes, el desempleo y el minisalario. Estas dos expresiones de la violencia, sólo podrán erradicarse juntas, y para ello es imprescindible descarrilar el proyecto neoliberal, y modificar las bases mismas del actual sistema económico.

Es momento de unirnos en la exigencia de paz social. Pero de una verdadera, no la que pregonan los de arriba. Paz social para el gobierno de Calderón es tenernos callados y sumisos, mientras ellos y sus socios gringos nos despojan hasta del último de nuestros derechos y recursos naturales. Paz social para los narcotraficantes, es tener aterrorizada a la gente, para poder extorsionar, amedrentar, y aprovechándose de las enormes carencias, usando al pueblo como carne de cañón. En cambio, para la gente trabajadora, paz social es sinónimo de justicia, pues no hay paz si no hay empleo ni educación, sino se tienen los derechos mínimos que garanticen una vida digna.

Existe paz donde no hay secuestros, ni asesinatos, pero también donde no hay mineros sepultados por falta de medidas de seguridad como en Pasta de Conchos; donde no ocurren asesinatos industriales como los de la CFE, que envía a trabajadores inexpertos a sustituir a los del SME, y un número indeterminado de ellos muere en lineas de alta tensión. Violencia extrema, también significa que pueden morir 49 niños, como en la guardería ABC, sin que el gobernador de Sonora, el director del IMSS, ni los demás responsables sean juzgados; o que personajes que ordenan abusos sexuales contra campesinas inocentes, como Peña Nieto en Atenco, sigan gobernando tranquilamente.

“No más sangre” es la consigna que nos une. Conseguirlo implica que nos levantemos juntos, con toda nuestra firmeza, contra los grupos asesinos del narcotráfico, contra el gobierno criminal de Felipe Calderón, y contra este sistema económico atroz e injusto.

CGH-Ho Chi Minh

Moneros: NO + SANGRE

Compartimos el trabajo de distintos moneros en torno a la marcha nacional. Son imágenes de alta calidad, en caso quieran imprimirlas.